El presidente firmó el veto a la norma que declaraba emergencia en el sector de discapacidad y al aumento a las jubilaciones, argumentando riesgo fiscal. La oposición deberá reunir dos tercios en el Congreso para insistir con las medidas.
El presidente Javier Milei dio curso formal al veto de dos leyes aprobadas por el Congreso argentino el pasado 10 de julio: una que preveía un aumento del 7,2 % en las jubilaciones, con una mejora en el bono extraordinario para las mínimas, y otra que declaraba la emergencia en materia de discapacidad, impulsada para garantizar prestaciones esenciales como terapias, transporte, pensiones por invalidez y educación especial.
La decisión quedará oficializada este lunes con la publicación del Decreto 534/2025 en el Boletín Oficial, dando paso al inicio del período en que el Congreso podrá intentar aprobar nuevamente las leyes, si logra una aprobación de dos tercios en ambas cámaras.
Desde la Casa Rosada, Milei justificó ambas medidas con el argumento de que eran “fiscalmente inviables”, ya que implicarían un incremento en el gasto público de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026 —equivalentes a entre el 0,9 % y 1,68 % del PBI— sin detallar fuentes claras de financiamiento, lo que amenaza la estabilidad presupuestaria y la meta de déficit cero
Además, el Ejecutivo cuestionó la validez del trámite legislativo en el Senado del 10 de julio, señalando supuestas “graves nulidades”, como la convocatoria sin citación previa, el uso de mayoría simple en lugar de dos tercios, y dictámenes sin los requisitos formales necesarios, lo cual fue calificado por el propio decreto presidencial como un ataque a la Constitución Nacional.
La ley de emergencia en discapacidad había contado con la aprobación unánime del Senado y estaba vigente hasta diciembre de 2027. Su objetivo era regularizar los pagos a prestadores, actualizar mensualmente los aranceles, elevar pensiones no contributivas al 70 % del haber mínimo jubilatorio, y permitir la compatibilidad laboral en ciertos casos.
Desde organizaciones del sector y sindicatos vinculados con personas con discapacidad y jubilados, ya se plantearon protestas y movilizaciones frente al Congreso, advirtiendo que el veto podría afectar el acceso a servicios y prestaciones vitales para más de un millón de personas.
Finalmente, el Ejecutivo se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques aliados, para asegurar que el veto sea sostenido y no dependa exclusivamente del apoyo propio en Diputados, donde se teme que la oposición pueda revertir la decisión con los votos necesarios