El exfiscal regional Patricio Serjal fue sentenciado a nueve años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de proteger una red de juego clandestino que operaba en Rosario y otras ciudades de Santa Fe. El veredicto se conoció este viernes al mediodía, casi dos meses después del inicio del juicio oral y a dos semanas de los alegatos de cierre.
El tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese dio a conocer la resolución en presencia del fiscal regional Matías Merlo y de la fiscal general provincial María Cecilia Vranicich. La acusación estuvo a cargo de José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, quienes habían solicitado una pena de 12 años de prisión para quien fuera jefe de los fiscales de Rosario.
También fue condenado Nelson Ugolini, empleado judicial que trabajaba junto al exfiscal Gustavo Ponce Asahad —ya condenado a tres años de cárcel tras acogerse a la figura de imputado colaborador—. En su caso, el tribunal dispuso una pena de cinco años de prisión, tal como habían requerido los fiscales.
El proceso contra Serjal
El juicio comenzó el 15 de septiembre, con Serjal acusado de corrupción institucional en una causa vinculada a las estructuras delictivas que dominaron la escena rosarina en los últimos años. Se le atribuyó haber ofrecido protección a una red de juego ilegal liderada por el empresario Leonardo Peiti, quien ya había sido condenado con una pena reducida por colaborar en la investigación.
El exfiscal, de 48 años, llegó al debate acusado de ser organizador de una asociación ilícita, cohecho pasivo, falsedad ideológica agravada, omisión de persecución penal y peculado de servicios. Fue detenido el 11 de agosto de 2020, en el marco de la investigación encabezada por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre el ataque al casino City Center ocurrido en enero de ese año, donde murió Enrique Encino, un gerente bancario alcanzado por un disparo mientras fumaba en un balcón. Según la hipótesis fiscal, el atentado fue ordenado por Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, con fines extorsivos.
Durante la pesquisa, una conversación interceptada entre Maximiliano “Cachete” Díaz, subordinado de Cantero, y Leonardo Peiti reveló la conexión entre el empresario y funcionarios del Ministerio Público. Díaz, preocupado por la detención de dos cómplices, le pidió a Peiti que consultara “con sus contactos en Fiscalía” sobre la situación. Ese diálogo, según los investigadores, expuso la red de protección articulada por Serjal y Ugolini en beneficio de Peiti y sus negocios ilegales.
El vínculo con Peiti
El propio Leonardo Peiti declaró en el juicio como testigo. La acusación sostuvo que el empresario pagaba sobornos periódicos a Serjal, quien a su vez impartía órdenes para asegurar la impunidad del entonces fiscal Ponce Asahad.
Peiti había sido condenado a fines de 2021 a seis años de prisión por lavado de activos y cohecho, aunque su pena fue reducida a tres años tras colaborar con la justicia. Recuperó la libertad después de diez meses de detención. En el acuerdo abreviado, reconoció haber controlado múltiples emprendimientos de juego ilegal en la provincia y admitió haber pagado coimas a funcionarios políticos y judiciales para mantener su actividad.