Por disposición del juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron cuatro allanamientos en domicilios vinculados al escribano y operador judicial santafesino Santiago Busaniche, quien figura como uno de los implicados en la causa que tiene como principal acusado al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, actualmente bajo arresto domiciliario.
En simultáneo, las fuerzas federales llevaron a cabo un procedimiento en la sede de la constructora Edeca, investigada por la transferencia de un terreno que terminó a nombre de un familiar de Bailaque. De acuerdo con fuentes judiciales, la empresa habría resultado favorecida por una resolución dictada por el propio exmagistrado, según detalló el periodista Germán de los Santos en Aire de Santa Fe.
El propósito central de los allanamientos a Busaniche fue incautar su teléfono celular, considerado una pieza clave para el avance de la investigación. Los peritajes sobre el dispositivo podrían confirmar intercambios con Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario y Santa Fe, cuyo celular ya fue analizado por la Justicia y contiene conversaciones entre ambos.
En esos chats se mencionan detalles de la causa que se habría armado en el juzgado de Bailaque contra el financista Claudio Iglesias, presuntamente extorsionado a través de un expediente iniciado en 2019 a partir de una denuncia anónima falsa ingresada en la AFIP y luego derivada al juez.
Durante los últimos años, Busaniche se consolidó como un operador judicial influyente, con contactos en los niveles más altos del fuero federal. Su figura despierta temor y recelo entre varios actores del ámbito judicial por el poder que se le atribuye.
Nacido y criado en la ciudad de Santa Fe, mantiene lazos familiares con el entorno del fallecido exgobernador Carlos Reutemann, a través de su pareja. En su juventud participó activamente en la militancia política reutemista y fue recordado como uno de los organizadores de cenas de recaudación para las campañas del “Lole”. Su hermano José Busaniche, con quien mantiene una mala relación, se desempeña como camarista federal en Entre Ríos.
En la compleja trama que también involucra a Bailaque, Vaudagna y Whpei, el papel de Busaniche se remonta a 2019 y se extiende dos años después. En una primera etapa, según las fuentes judiciales, habría sido quien impulsó los allanamientos contra Iglesias tras la denuncia anónima presentada por la AFIP, origen de toda la maniobra. Para los investigadores, Busaniche fue uno de los interesados en instalar esa versión que vinculaba a Iglesias con operaciones de lavado de dinero del grupo Los Monos, con el objetivo de apartarlo de la competencia interna en San Cristóbal Seguros, donde aspiraba a un cargo directivo.
Aún no se esclarece por qué habría existido una orden “desde arriba”, proveniente de los niveles más altos del Poder Judicial, destinada a frenar el ascenso de Iglesias dentro de la empresa aseguradora.
Denuncia contra Bailaque
Las denuncias contra Bailaque fueron impulsadas en su momento por la diputada socialista Lionella Cattalini. Lo vinculó con redes del narcotráfico comandadas por Esteban Alvarado. La diputada presentó tanto una causa penal en la Justicia Federal como un pedido de investigación en el Consejo de la Magistratura. Esa presión política y judicial terminó con la renuncia del magistrado, que actualmente está procesado y cumple prisión domiciliaria.